Convendría que nuestros gobernantes resolvieran sus divergentes y contradictorias opiniones sobre el copago sanitario. La información suministrada por los medios de comunicación es desorientadora y cansina. Algunos no quieren el copago, otros aplauden la medida, los cautelosos esperan el momento oportuno para su aplicación. El eufemismo puede ser aquí tan útil como lamentable. Decir que se quiere blindar la gratuidad del sistema sanitario público mediante un «modelo equitativo» de copago farmacéutico distribuido en función de la renta personal del paciente es, sin duda, una cuestión que debe ser analizada.
Interesa, pues, recordar algunos cosas. El gasto farmacéutico oscila en Galicia entre el 31-32 % del presupuesto del Sergas. La parte principal (más de 900 millones de euros por ejercicio) se canaliza mediante recetas a los pacientes. El resto (unos 200 millones) atiende al gasto farmacéutico hospitalario. Los medicamentos canalizados vía recetas tienen dos destinatarios: los pensionistas y los activos. Los primeros consumen el 80 % de los 900 millones citados, adquieren medicamentos de forma gratuita y tienen una pensión media de 745 euros al mes. Los activos (trabajadores y parados) consumen el 20 % restante y abonan el 40 % del coste del medicamento. Los funcionarios pagan el 30 % del fármaco cuando son activos y el mismo porcentaje cuando están jubilados. O sea, el copago farmacéutico ya existe y afecta a los activos (trabajen o no) y a los funcionarios a lo largo de su vida.
Nuestros gobernantes dicen que para salvar la sanidad pública hay que pagar. Y es cierto. Pero, ¿quién debe pagar?, ¿los jubilados, con su pensión media de 745 euros al mes?, ¿los activos parados, que ya pagan el 40 % del coste de sus medicamentos?, ¿los enfermos crónicos?, ¿los excluidos? ¿Quién debe pagar y salvar a la sanidad pública? Porque los Gobiernos no hablan de subir impuestos, ni del fraude fiscal, ni de los destrozos que ellos mismos provocan en los impuestos que gravan el patrimonio y las herencias, ignorando a su vez las sicavs o la vinculación entre las empresas del Ibex-35 y los paraísos fiscales.
La lucha contra el fraude y el delito tributario no concentra hoy las energías de nuestros gobernantes. Ni estos se molestan en explicar al ciudadano contribuyente que lo defraudado por unos siempre, siempre, lo pagan otros, ya sea soportando más impuestos o recibiendo menos servicios públicos. Al parecer olvidan que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. Salvar la sanidad pública es tarea noble que exige rigor, tenacidad y justicia distributiva. Atención, pues, a las sofisticadas fórmulas de copago sanitario que nos pueden regalar nuestros amados gobernantes.
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